Plaza de España embargada de San Fernando de Henares.

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ACTUALIZADO 13/10/201500:09

El constructor Victoriano Cuesta lleva cinco años apesadumbrado porque 200 familias de San Fernando de Henares confiaron en él, y por causas ajenas, «por intereses políticos», les ha fallado. «No les puedo ni mirar a los ojos», se lamenta Cuesta, que da la cara por primera vez para tirar por tierra las «mentiras» que se «han publicado en los medios» sobre el gran escándalo que sacude esta localidad, la primera de España en tener su plaza pública embargada.

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Todo empieza con lo que todos veían como un gran planteamiento: reformar la Plaza de España, frente al Consistorio, un conjunto barroco del siglo XVIII. «La idea era buena; habría tres plazas públicas con más de 40.000 metros cuadrados», recuerda Cuesta, al que el Ayuntamiento contrató como asesor por su buena relación con los vecinos.

Los tres grupos del Consistorio -gobernaba IU en coalición con el PSOE; el PP estaba en la oposición- dieron el visto bueno a la operación y firmaron la constitución de la sociedad Plaza de España San Fernando, S.L. La idea consistía en que los vecinos aportaban sus viviendas firmando un convenio de expropiación amistoso con el Ayuntamiento, quien aportaba su aprovechamiento.

El Consistorio devolvería a los ciudadanos sus viviendas de nueva construcción sobrantes en la operación (entre 70 y 80) y más de 200 plazas de garaje.

Las nuevas viviendas se levantarían en los patios cedidos por los vecinos, que recuperaban en sus nuevas casas los metros cuadrados que perdían en el patio. «La venta de las mismas viviendas pagaba la financiación», según Cuesta.

El encargado de convencer a los vecinos fue él, que era asesor en la sociedad mixta que se constituyó, Plaza de España San Fernando S.L., y participada al 49% por el Ayuntamiento y el 51% por los vecinos.

Según Cuesta, aquello «tenía trampa» porque el Consistorio se garantizó en los estatutos «el 99% de los votos», y el consejo de administración estaba conformado por «toda la corporación municipal». Según el acuerdo de expropiacion amistosa, explica el empresario, el Ayuntamiento se comprometía a tramitar y aportar la financiación requerida y garantizar los avales necesarios.

En un principio, según su versión, se solicitaron 40 millones de euros a la antigua Caja Madrid, en la actualidad Bankia. Se licitaron las obras por cerca de 25 millones en dos concursos: «Las obras no aumentaron ni un solo euro el precio a pesar de los comunicados políticos que afirmaban que las obras aumentaron su importe porque no había control».

Falsas promesas

El problema empezó cuando el Ayuntamiento de la localidad pidió más crédito a través de la sociedad para realizar otras obras en el municipio, según asegura el empresario, «que para nada tenían que ver con lo prometido a los vecinos», como los «nueve millones de euros para salvar la obra de la plaza de Paños, que había fracasado», los «12 millones» pedidos para construir un parking subterráneo o las obras para unas oficinas de la Seguridad Social.

«Esto era para la rehabilitación de las viviendas de los vecinos, no para que Caja Madrid inundase de millones el Ayuntamiento por motivos políticos pasándose todas y cada una de las cláusulas de las pólizas firmadas», denuncia el empresario, que vincula estas obras a las elecciones municipales que iban a celebrarse.

Cuesta señala que más adelante se pidió aun más financiación para peatonalizar las calles o levantar un museo municipal. La empresa mixta no pudo afrontar los pagos y se presentó un concurso de acreedores, señala el empresario, que es el único «que dio la cara por los vecinos», que todavía no pueden volver a las casas, pese a que se terminaron hace años.

Para Cuesta tienen tanta culpa la anterior corporación municipal, que «aprobó en pleno todas las actuaciones» y «es responsable civil subsidiario», como Caja Madrid, que «no ha cumplido los condicionantes de la póliza y sus fines».

El asunto está judicializado y recientemente el administrador concursal ha emitidoun informe en el que considera responsable al consejo de administración de la sociedad, formado por los concejales. Cuesta dice que el administrador concursal ha declarado a Bankia acreedor preferente en la operación inmobiliaria, por lo que podría quedarse con la plaza y las viviendas en dación en pago, algo que él considera una «injusticia» y una «ilegalidad».

«Yo he perdido mucho dinero en todo esto, dinero que puse para gestión, para gastos, obras que el Ayuntamiento me pidió que hiciera… cerca de tres millones y medio de euros… quería hablar porque quiero mirar a la cara a los vecinos», dice Victoriano, que lamenta que si el «Ayuntamiento hubiera abonado el dinero que no era para las obras de la plaza no hubiera habido concurso de acreedores».

Publicado el 14 octubre, 2015 en Sin categoría y etiquetado en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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